La Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano aprobó una serie de reformas estructurales en once carreras de alto impacto profesional, con el objetivo de actualizar sus planes de estudio y adaptarlos a los avances científicos, tecnológicos y productivos. Las modificaciones fueron formalizadas a través de nueve resoluciones publicadas recientemente en el Boletín Oficial.
El cambio alcanza a carreras comprendidas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N.º 24.521, aquellas cuyo ejercicio profesional tiene una potencial incidencia directa sobre la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de la población. Entre ellas figuran: Psicología, Odontología, Biotecnología, Ciencias de la Computación, Ingeniería Naval, Ingeniería en Sistemas, Análisis de Sistemas, Ingeniería en Transporte, Licenciatura en Sistemas, Licenciatura en Informática y Licenciatura en Biotecnología.
Cambios curriculares y nuevas exigencias
Las reformas introducen contenidos curriculares actualizados, redefinición de cargas horarias mínimas, nuevas pautas para la formación práctica, y en algunos casos, revisión de las actividades profesionales reservadas a cada título. También se incorporan nuevos estándares de acreditación, que las universidades deberán adoptar obligatoriamente dentro de un plazo de hasta un año.
Durante ese período, las instituciones podrán presentar acreditaciones voluntarias de los nuevos planes. Una vez vencido el plazo, todas las universidades públicas y privadas que dicten estas carreras deberán ajustarse a los estándares comunes establecidos por el Estado nacional.
El proceso fue impulsado por el Consejo de Universidades, en conjunto con organismos representativos del sistema universitario como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y, en el caso específico de Biotecnología, la Comisión Nacional de Biotecnología (CONBIOTEC).
Un cambio con impacto directo en la formación profesional
Según la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la medida busca “dinamizar las carreras estratégicas del sistema universitario y garantizar una formación profesional que esté alineada con los desafíos contemporáneos”. La actualización responde tanto a los cambios en los perfiles laborales, como a la necesidad de integrar nuevas tecnologías, enfoques científicos y demandas del entramado productivo y social.
Estas modificaciones no solo impactan en los planes de estudio vigentes, sino también en las responsabilidades y competencias profesionales que el título habilita, lo que requiere una revisión por parte de cada universidad sobre la adecuación de su propuesta académica, sus cuerpos docentes y los recursos institucionales disponibles.
Desde el CIN destacaron que “la actualización de los marcos regulatorios es parte de una política continua de mejora de la calidad académica”, aunque distintas universidades han comenzado a evaluar el grado de dificultad que implicará adaptarse en tiempo y forma a las nuevas disposiciones, sobre todo en contextos de ajuste presupuestario y restricción de recursos.
La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de modernización de la educación superior, y abre un período clave para el rediseño curricular de carreras centrales en el desarrollo profesional, la innovación y la salud pública del país.
