La comisiones de Educación, y de Presupuesto y Hacienda avanzaron en el tratamiento y discusión del proyecto de la ley de financiamiento educativo. La comisión de educación de la cámara de diputados, presidida por Blanca Osuna (FdT), recibió a entidades sindicales y referentes en la temática.
Durante las exposiciones, Sonia Alesso, Secretaria General de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), señaló la importancia de la extensión del nivel inicial, incluída en el proyecto. “Es algo que veníamos planteando sistemáticamente en la paritaria nacional docente”, recordó.
Alesso también avaló el fortalecimiento de la escuela secundaria y pidió “discutir el puesto de trabajo”. “No se van a resolver los problemas de la Argentina con economistas que nunca pasaron por una escuela, se van a resolver hablando con las y los docentes”, manifestó.
En tanto, Víctor Moriñigo, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, consideró que “es una excelente noticia que esté en agenda de este país la posibilidad de recurrir a proyectos para el financiamiento de la educación”. “Sostener que creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados”, añadió. Moriñigo celebró los aspectos positivos como “poner en agenda la sala de 3, 4 y 5, los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela, el segundo idioma y el fortalecimiento de las escuelas técnicas”, así como “ampliar las jornadas en días y en horas”.
Yamile Socolovsky, directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, manifestó que “es claro que la idea de que la educación es un derecho fundamental ha devenido constitutiva de nuestro sentido de la democracia, un eje fundamental en la construcción de igualdad y justicia social”. En similar sentido se expresó Francisca Staiti, secretaria General de CONADU HISTORICA. “En el contexto político actual en el que nos encontramos, creemos que estar discutiendo la ley de financiamiento educativo en un sentido de blindaje del derecho a la educación, es muy importante”, justificó.
Luego del diálogo entre oficialismo y oposición para realizar cambios en el texto original, el proyecto fue firmado y pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
“Este proyecto modifica la proporción de la inversión educativa, estableciendo un 60% del financiamiento a cargo del Estado Nacional y un 40% de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, precisó. “El objetivo es avanzar en un 8% como mínimo del financiamiento, destinando un 6,5% para la cobertura de la educación de 45 días a tres años, la educación obligatoria y los institutos de educación superior, y un 1,5% para las instituciones de la educación universitaria”, profundizó Osuna sobre el dictamen.
“En un contexto eleccionario, donde el pueblo argentino tiene la decisión sobre el modelo de país y el rol del Estado, estamos dando un paso significativo” argumento y cerró diciendo que “Defender la educación pública y gratuita requiere de herramientas como ésta para una sociedad con más derechos, con más niños y adolescentes en las escuelas, con más primeras generaciones universitarias en las familias argentinas y con un Estado que acompaña e invierte para su realidad efectiva y concreta”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el diputado nacional Carlos Heller (FdT), luego del dictamen de Educación analizó el proyecto de ley.
El diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace indicó que “firmaron el dictamen, pero con disidencia parcial” y en ese sentido se refirió al artículo relativo a la “Responsabilidad fiscal y a la asignación específica sobre recursos coparticipables”.
“El objetivo de la Ley es incrementar la inversión educativa y que participe la Nación y las provincias”, manifestó Cacace, pero -aclaró- “no se puede obligar a las provincias a usar sus recursos si no es por la vía de adhesión o de convenio”.
En la misma línea que su preopinante, desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro pidió “llegar a un acuerdo respecto al esfuerzo que deberían realizar las provincias”.
Luego, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado coincidió con su par al expresar: “La Nación no puede obligar a las provincias a gastar en determinadas cuestiones su presupuesto”.
Ante algunas disidencias relacionadas con el federalismo, el diputado Carlos Heller (FdT), propuso que todas las observaciones se incorporen al dictamen de mayoría de la comisión de Educación para poder “llegar al recinto en una redacción de consenso”. «Hay 25 firmas para el dictamen de mayoría y 12 firmas en disidencias”, puntualizó el diputado.
