El terreno en disputa se encuentra ubicado en la calle Merlo, entre Vicente López y Planes y Corvalán, en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Desde hace más de dos años, la universidad sostiene que dicho predio le fue asignado como parte de un proceso de transferencia desde el Estado nacional, y que el municipio encabezado por Mariel Fernández (Unión por la Patria) “usurpó” el espacio y avanzó con obras que no contaban con el consentimiento institucional ni con la habilitación correspondiente.
La Universidad proyectaba en ese lugar la construcción de la Escuela Secundaria Politécnica de la UNM (ESPUNM), actualmente en funcionamiento en condiciones precarias con aulas modulares dentro del campus universitario. A raíz del avance de las obras municipales, que incluyen un Polo Educativo con oficinas administrativas, auditorio y dependencias provinciales, la universidad interpuso medidas cautelares para frenar la construcción y reclamar la titularidad.
“El municipio trazó un plan sistemático de oponerse a la universidad y mi única explicación es que quiere controlarla. Nunca contestaron una nota y ningún funcionario de la provincia ha tomado intervención”, señaló a La Nación el rector de la UNM, Hugo Andrade.
Desde la universidad también cuestionan la inscripción de la titularidad del terreno a nombre del municipio. Denuncian la existencia de irregularidades administrativas, como el fraguado de un plano y el incumplimiento de convenios firmados años atrás con el Estado nacional. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Capital Humano, también se presentó en el expediente judicial como propietario original del predio y solicitó una medida de no innovar sobre el mismo hasta que se determine su verdadero dominio legal.
Del lado municipal, argumentan que el predio está inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires a su favor y que, por tanto, tienen facultades para disponer del uso del terreno. “Quien ostenta el dominio legal puede disponer del mismo”, afirmó Nahuel Berguier, secretario de Justicia y Gobierno de Moreno. Además, acusan a la universidad de no haber ejecutado obras con recursos supuestamente disponibles.
El conflicto legal sigue abierto. El Juzgado Federal de Moreno rechazó las cautelares solicitadas por la universidad y el Estado nacional, aunque aclaró que la cuestión de fondo –la titularidad del predio y la validez de los actos administrativos– sigue en discusión y requiere un análisis más profundo sobre los antecedentes normativos y los convenios de cesión firmados desde 2010, cuando el ex Instituto Riglos fue traspasado a la Universidad Nacional de Moreno.
En ese entonces, una parte del predio debía subdividirse e inscribirse a nombre del Estado nacional, pero el municipio y la provincia argumentaron que esa fracción estaba sujeta a normativas de 1976 que obligaban a reservar espacios comunitarios en nuevos barrios, motivo por el cual se adjudicaron la propiedad.
La situación involucra también a otras instituciones educativas y sociales que funcionan en las inmediaciones, como el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Kesachay, el Jardín N.º 938, el Instituto de Formación Docente N.º 110 y la Escuela N.º 37. No obstante, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que el funcionamiento del CDI continúa con normalidad y que el reclamo judicial no afecta su operatividad.
Mientras tanto, desde la UNM insisten en que el avance unilateral de las obras del municipio constituye un avasallamiento institucional y una obstrucción al desarrollo de su proyecto educativo. En ese marco, remarcan que el crecimiento de su oferta académica y la demanda sostenida de estudiantes requiere de mayor infraestructura propia, y que la construcción de la ESPUNM en ese predio responde a una necesidad concreta y planificada.
“Justificarlo con motivaciones políticas es burdo y exagerado. Lo que está en juego no es un capricho, sino el futuro de una escuela pública y de calidad”, expresó el rector Andrade.
A la espera de una definición judicial definitiva, la Universidad Nacional de Moreno reclama respeto por los acuerdos institucionales, transparencia en la gestión del suelo público y la necesidad de priorizar proyectos educativos de base universitaria con una mirada estratégica de desarrollo territorial.
