Mientras persiste el deterioro presupuestario y salarial del sistema universitario, avanza con amplio consenso dentro de la comunidad académica la elaboración de un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa busca hacer frente al desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional y garantizar los recursos básicos para el sostenimiento de las universidades públicas.
El borrador del proyecto, impulsado por sectores gremiales y académicos con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), apunta a establecer una nueva legislación que asegure partidas presupuestarias actualizadas, previsibilidad en el financiamiento, mejoras salariales y condiciones mínimas para la investigación, la enseñanza y la vida universitaria.
Desde los gremios docentes, advierten que el consenso que se está tejiendo es el resultado directo de una situación crítica: “Continuamos con la lucha para visibilizar el deterioro salarial y el vaciamiento de las universidades que está llevando adelante este gobierno”, explicó Francisca Staita, secretaria general de ADU Histórica.
Medidas de fuerza y protesta
En paralelo a la redacción del proyecto, la comunidad universitaria atraviesa una nueva semana de protestas. Este lunes y martes, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu Histórica) realiza un paro nacional en reclamo de una negociación paritaria real y mejoras salariales. El conflicto se profundiza ante aumentos otorgados por decreto, por debajo de la inflación y sin diálogo con los gremios.
Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, los docentes universitarios acumulan una pérdida salarial estimada en el equivalente a cinco sueldos y medio. Los incrementos fueron de apenas un 1,5% en enero, 1,2% en febrero, 1,3% en marzo y 1,3% en abril. Todo frente a una inflación acumulada que supera el 205%.
“Estamos frente a una pérdida salarial récord. Cada mes, los aumentos son más bajos que la inflación. Y lo más grave: son definidos unilateralmente por el Gobierno, sin paritarias y sin diálogo”, sostuvo Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA.
Movilización y agenda política
Como parte del plan de lucha, el jueves 22 de mayo se realizará una nueva marcha de docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. El punto de partida será Plaza Houssay, con destino final en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Capital Humano.
Las consignas son claras: recuperación salarial, paritarias ya, más becas, presupuesto para ciencia y una Ley de Financiamiento Universitario que frene el desguace.
Desde AGD UBA, su secretaria adjunta Ileana Celotto sostuvo que la medida “no solo es en defensa de los salarios, sino también de la universidad pública como derecho”. Y advirtió que la situación “ya no admite demoras ni parches. Necesitamos una ley que establezca garantías para el funcionamiento pleno del sistema”.
Hacia una nueva ley con respaldo federal
En este escenario, el proyecto de ley de financiamiento comienza a tomar forma dentro del sistema universitario. La intención es lograr una presentación en el Congreso con el respaldo mayoritario de rectores, gremios y centros de estudiantes. Aunque aún no tiene fecha definida, podría ingresar formalmente al Parlamento en las próximas semanas.
“La calidad de la educación no se sostiene sin financiamiento. La universidad pública está en riesgo, y lo que se necesita no es ajuste, sino un compromiso legal del Estado con su sostenimiento”, concluyeron desde el Comité Ejecutivo del CIN.
El conflicto no parece cerrar. Por el contrario, la tensión crece y las universidades se reafirman como territorio en disputa. Mientras tanto, en el horizonte próximo, se proyecta una nueva movilización federal para defender lo que sigue estando en juego: el futuro mismo del sistema universitario argentino.
