El sistema universitario público vuelve a ser protagonista en la agenda nacional. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anticipó que se está organizando una nueva Marcha Federal Universitaria para mayo, en defensa del salario de docentes y no docentes, y del financiamiento de las universidades nacionales.
La confirmación llegó de la mano de Federico Montero, secretario de Organización de la CONADU, quien en diálogo con AM530 advirtió sobre el deterioro que atraviesa el sistema: “La situación de las universidades ha empeorado significativamente”. Para el dirigente gremial, el escenario se agravó con la decisión del gobierno de Javier Milei de no presentar un presupuesto para 2025 y de prorrogar las partidas vigentes, afectando de manera directa a las casas de altos estudios.
“La suspensión de las paritarias y los aumentos salariales impuestos por el Ejecutivo son claramente insuficientes”, remarcó Montero. Esta combinación de medidas generó un clima de creciente malestar entre los trabajadores universitarios, que ya venían reclamando respuestas a la crítica situación presupuestaria.
La calle como escenario de disputa
En un contexto de ajuste y con una administración nacional que ha manifestado abiertamente su intención de recortar el gasto público, la organización de una nueva movilización se presenta como una estrategia necesaria, pero también cargada de desafíos. “Tenemos que movilizarnos en las calles y construir una representación política que esté a la altura del desafío”, sostuvo Montero, marcando que la lucha por la universidad pública excede los intereses gremiales y demanda una amplia participación social.
La iniciativa de una nueva Marcha Federal busca reinstalar la discusión sobre el financiamiento universitario, pero enfrenta un escenario adverso. La capacidad de convocatoria y el respaldo social serán determinantes frente a un gobierno que hasta ahora ha mostrado poca disposición al diálogo con los sectores universitarios.
Una convocatoria en construcción
Aunque la intención está planteada, la realización efectiva de una movilización de carácter federal todavía se encuentra en fase de organización y consenso. El llamado a sumar a toda la sociedad es central: “No queremos que la universidad se salve sola. La defensa de la educación pública tiene que ser de todos”, subrayó Montero.
La fecha tentativa sería en mayo, pero las condiciones políticas y sindicales marcarán si la iniciativa logra consolidarse como una nueva expresión masiva de resistencia, como ocurrió en abril de 2024.
En medio de la parálisis presupuestaria y la tensión salarial, las universidades argentinas se preparan para un nuevo capítulo de confrontación. El escenario está abierto, y el futuro de la educación superior pública vuelve a estar en juego.
