Bloques opositores del Senado resolvieron hoy que la semana próxima avanzarán con un dictamen favorable para el proyecto de ley que aumenta los recursos de las universidades y que tendrá un impacto fiscal de 740 mil millones de pesos, una iniciativa rechazada por el Gobierno con el argumento de que pone en riesgo el superávit fiscal.
El Senado argentino se prepara para un nuevo enfrentamiento con el presidente Javier Milei, esta vez por la asignación de fondos a las universidades nacionales. Este jueves, la cámara alta tiene previsto aprobar un proyecto que incluye mejoras salariales para docentes y no docentes, junto con una serie de otras medidas para fortalecer el sistema universitario. Sin embargo, esta iniciativa, impulsada por la UCR y Unión por la Patria, enfrenta la posibilidad de ser vetada por el presidente.
Un Proyecto con apoyo peronista y radical
El proyecto de ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, propone un aumento salarial para los trabajadores universitarios indexado por inflación, además de otras mejoras. Eduardo “Wado” de Pedro, recientemente designado presidente de la Comisión de Educación del Senado, ha sido uno de los principales impulsores de la iniciativa. «Invertir en educación es invertir en el futuro», declaró De Pedro, subrayando la importancia de este proyecto para el país. Su nombramiento como líder de esta comisión fue respaldado unánimemente por el bloque de Unión por la Patria, y ya ha convocado a una sesión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el próximo martes.
Flavio Fama, senador de la UCR, fue quien propuso llevar este tema al pleno del Senado en la última sesión. Desde entonces, el proyecto ha ganado tracción, con el respaldo de varios sectores, incluyendo gobernadores, intendentes, y representantes de los gremios universitarios. Maximiliano Abad, senador por Buenos Aires, adelantó que el radicalismo apoyará en pleno el proyecto.
Detalles del Proyecto Aprobado por Diputados
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de agosto, con un dictamen que incluye varias modificaciones propuestas por la UCR y Unión por la Patria. Entre las medidas destacan la recomposición salarial desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, indexada mensualmente según la inflación, y la incorporación de fondos para fortalecer la ciencia, la técnica y la extensión universitaria. Además, se prevé un aumento en las becas para estudiantes.
Durante el debate en Diputados, Danya Tavela, diputada de la UCR, criticó la demora en la aprobación del proyecto, señalando que el ajuste económico debería enfocarse en recortar gastos superfluos y no en la educación. En contraposición, José Luis Espert, del oficialismo, defendió la importancia del diálogo en las negociaciones salariales y advirtió que una intervención del Congreso podría interrumpir las conversaciones en curso entre las universidades y los gremios.
Evaluación del Impacto Presupuestario
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) realizó una estimación del impacto fiscal del proyecto. Según sus cálculos, la medida requeriría un gasto adicional de 738.595 millones de pesos, lo que equivale al 0,14% del PBI. Este monto incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades.
La OPC aclaró que el impacto real en el presupuesto sería menor, ya que se deben descontar los aumentos salariales ya otorgados y el presupuesto vigente. Finalmente, estimó que el incremento neto en el presupuesto universitario sería de 296.995 millones de pesos.
Amenaza de Veto Presidencial
Desde el Poder Ejecutivo, la respuesta ha sido contundente. Manuel Adorni, vocero presidencial, adelantó en conferencias de prensa que el presidente Javier Milei vetará cualquier ley que, en su opinión, ponga en riesgo el equilibrio fiscal del país. Esta postura ha generado tensiones y se anticipa que, de aprobarse el proyecto, se desatará un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Mientras tanto, la comunidad educativa sigue expectante, con la esperanza de que el Congreso logre asegurar los fondos necesarios para fortalecer un sistema universitario que consideran vital para el desarrollo del país.
