A un año de la gestión de Javier Milei, la educación, la ciencia y las universidades atraviesan el período de menor financiamiento en un cuarto de siglo. Según informes recientes, la asfixia presupuestaria aplicada a estos sectores no solo alcanza proporciones históricas, sino que también profundiza el deterioro de instituciones clave para el desarrollo nacional.
El Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) reveló que la Función Ciencia y Tecnología (FCyT) del presupuesto nacional sufrió un recorte del 30,5% desde el inicio del actual gobierno, representando apenas el 0,216% del PBI, muy por debajo del 0,39% estipulado por la Ley 27.614.
En paralelo, la Secretaría de Educación experimentó una caída del 45,3% en términos reales, mientras que la inversión en universidades nacionales disminuyó un 33,1% respecto al año anterior. Estas cifras consolidan un ajuste sin precedentes, que impacta directamente en salarios, infraestructura y programas educativos.
Ajuste histórico en ciencia y tecnología
El informe del Grupo EPC-CIICTI detalla que los organismos científicos del país enfrentan un deterioro generalizado. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología sufrió una reducción del 94,5%, mientras que las universidades nacionales perdieron un 85,8% en inversión para ciencia y tecnología. Asimismo, la Agencia I+D+i cayó un 72,1%, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) un 50,1%.
El CONICET, uno de los organismos más afectados, registra una caída del 23,5% en su presupuesto real. Según el académico Alejandro Gaggero, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), «las universidades tienen hoy el presupuesto más bajo desde 1997, con una reducción del 72% en términos reales respecto al año pasado».
Además, el descenso de la ejecución presupuestaria en el sistema universitario supera al promedio de la caída del gasto público nacional, evidenciando la magnitud del ajuste en este sector.
Salarios bajo presión y paralización de programas
Los recortes salariales también son alarmantes. En el ámbito científico, los investigadores del CONICET y becarios registran una pérdida del 30% en términos reales, mientras que los salarios universitarios cayeron un 22,7% respecto al año anterior.
Programas clave como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) sufrieron una contracción del 93%, mientras que la infraestructura y equipamiento educativo se redujeron en un 67,3%. Otros programas, como la formación tecnológica y las becas, registraron caídas de entre 55% y 66%.
Ajuste en el INTA: un emblema del desguace
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es otro símbolo del ajuste. La institución enfrenta un plan de vaciamiento que incluye la venta de más de 27.000 hectáreas distribuidas en 24 propiedades, el despido de 1.500 trabajadores, además de retiros voluntarios y jubilaciones forzadas.
El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, sostuvo que la institución aún puede «aportar mucho al país», aunque admitió que «hay ajustes por hacer». Sin embargo, el Gobierno advirtió que, si el Consejo Directivo no acompaña el plan, podría intervenir directamente, dejando en suspenso su autonomía.
Una caída sin precedentes
El informe concluye que este ajuste es más abrupto que el llevado a cabo durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Mientras en el período 2020-2023 la inversión en ciencia creció un 43% en términos reales, en los últimos 12 meses se produjo un descenso que no tiene antecedentes desde 1972.
Este escenario deja a la educación, la ciencia y las universidades en una crisis estructural, poniendo en riesgo su funcionamiento y la proyección del país hacia un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la innovación. Las decisiones tomadas en este primer año de gobierno perfilan un futuro de profundas limitaciones para el sistema educativo y científico argentino.
