La comunidad universitaria en alerta ante el desfinanciamiento prolongado del sistema público. Reclaman previsibilidad, salarios dignos y condiciones mínimas de funcionamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional busca que el Congreso actúe con urgencia.
En un contexto de profunda crisis presupuestaria, las universidades públicas argentinas operan desde principios de año con partidas reconducidas del presupuesto 2022, sin actualización inflacionaria ni ajuste por crecimiento de matrícula, salarios o infraestructura. Esta situación fue calificada como “insostenible” por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes reclamaron formalmente al Congreso Nacional la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario.
“Es muy desgastante tener que estar todos los meses pidiendo lo mínimo e indispensable que corresponde para que las universidades puedan funcionar bien”, declaró el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en declaraciones al canal cordobés Canal 10. Su intervención forma parte del creciente reclamo de rectoras y rectores que advierten sobre el colapso progresivo del sistema universitario si no se garantiza una política presupuestaria estable y a largo plazo.
Desde el CIN señalaron que el desfasaje entre la inflación acumulada y los aumentos otorgados a las instituciones entre fines de 2023 y marzo de 2025 ya supera el 80%, una cifra que refleja el deterioro de los salarios docentes y no docentes, que en muchos casos han caído por debajo de la línea de pobreza. La falta de presupuesto aprobado por segundo año consecutivo agrava aún más el panorama, afectando directamente la capacidad operativa de las casas de estudio.
“En materia salarial, el escenario es más sombrío y dramático”, aseguraron a través de un comunicado emitido tras el último plenario del CIN. En varias universidades ya se han implementado recortes en servicios básicos como luz y calefacción, y se evalúa la posibilidad de suspender turnos nocturnos o reducir la carga horaria, con consecuencias directas en la calidad académica y la permanencia estudiantil.
El deterioro de las condiciones no sólo impacta en el día a día de las instituciones, sino que pone en riesgo el acceso a la educación superior para los sectores más vulnerables, así como la continuidad de proyectos científicos y tecnológicos estratégicos para el desarrollo del país.
“No percibimos buena voluntad y no hay noticias respecto a desandar el proceso de financiamiento del sistema científico. Es por eso que lo mejor es discutir esto en el ámbito del Congreso”, remarcó Bartolacci, marcando un giro en la estrategia del CIN, que busca ahora trasladar el debate al plano legislativo.
La propuesta de una Ley de Financiamiento Universitario busca dotar de previsibilidad, estabilidad y garantías mínimas al sistema universitario nacional, que representa uno de los pilares del desarrollo académico, científico y social del país. Mientras tanto, las universidades públicas continúan funcionando en un estado de emergencia presupuestaria que amenaza con deteriorarse aún más si no hay respuestas concretas en las próximas semanas.
