El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió al Poder Ejecutivo Nacional la promulgación y ejecución inmediata de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, recientemente sancionada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
El pedido fue acordado durante una reunión del Comité Ejecutivo ampliado del CIN, en la que participaron autoridades académicas de todas las universidades públicas del país. En el comunicado emitido tras el encuentro, el organismo advirtió que la situación del sistema universitario es “cada vez más grave” y subrayó que la ley “ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de los trabajadores docentes y nodocentes”.
“No hay excusas para no aplicarla”
El pronunciamiento del CIN recordó que la norma fue el resultado de un amplio consenso institucional dentro del sistema universitario argentino, elaborada en base a propuestas del propio Consejo y debatida en el Congreso de la Nación. “No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada”, sostiene el texto.
El comunicado también remarca que los reclamos del sector siempre se canalizaron por las vías institucionales: “Acudimos dos veces al Congreso por su competencia en materia presupuestaria, y la sociedad argentina se manifestó en tres oportunidades de manera conmovedora en apoyo a este reclamo”.
Por eso, el CIN solicitó formalmente al Poder Ejecutivo que “promulgue y ejecute este instrumento que garantiza la reparación tan necesaria”, y se puso a disposición del Gobierno para colaborar en la elaboración del presupuesto 2026.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras y establece un mecanismo de actualización presupuestaria automática, además de la recomposición salarial docente y nodocente y la convocatoria periódica a paritarias. Su promulgación es considerada clave por las universidades públicas para garantizar el funcionamiento del sistema durante 2025.
