En el mismo día en que el INDEC confirmó que la inflación acumulada de 2025 ya alcanza el 15,1%, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 7,5% en los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales, junto con el pago de una suma fija excepcional de $25.000 por cada cargo.
El anuncio, realizado por el Ministerio de Capital Humano a través de la red X, se aplicará “entre septiembre y noviembre” y se enmarca en lo que la cartera que conduce Sandra Pettovello presentó como una política para “fortalecer las transferencias a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y desarrollo”.
Una recomposición por debajo de la inflación
Desde el propio Ministerio recordaron que entre enero de 2024 y mayo de 2025 los salarios universitarios acumularon un incremento del 111%, aunque ese período registró una inflación del 146,6%, lo que refleja un deterioro real del poder adquisitivo.
El aumento del 7,5% queda incluso por debajo del índice acumulado en lo que va del año, mientras que la suma fija de $25.000, al no ser remunerativa ni bonificable, no impactará en el cálculo de aguinaldos ni aportes previsionales.
El comunicado oficial también destacó un supuesto incremento del 246% en el presupuesto ejecutado en 2024 para hospitales universitarios, aunque sin detallar el punto de partida ni si se aplicaron aumentos similares durante 2025, un año que, al igual que el anterior, transcurre sin ley de Presupuesto aprobada.
El trasfondo político: presión en el Congreso
El anuncio llega en medio de la fuerte pulseada legislativa por la ley de financiamiento universitario, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado. La iniciativa, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), prevé llevar el presupuesto al 1% del PBI, actualizarlo por inflación y recomponer salarios retroactivamente, algo que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará.
A principios de agosto, bloques opositores de distintas fuerzas habían solicitado una sesión especial para debatir, entre otros temas, ese financiamiento junto con la emergencia del Hospital Garrahan, la derogación de decretos de necesidad y urgencia, y modificaciones al impuesto a los combustibles y a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El oficialismo, por su parte, mantiene su postura de que cualquier incremento presupuestario compromete el objetivo de déficit cero y ha utilizado la cadena nacional y las redes sociales para advertir que no convalidará proyectos que “destruyan el superávit fiscal”.
