El próximo miércoles 6 de agosto, la Cámara de Diputados volverá a sesionar con un temario cargado de tensión para el Gobierno nacional. Entre los primeros puntos del orden del día se encuentra el proyecto de financiamiento universitario, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y respaldado por un amplio arco opositor que pretende convertir en ley lo que el presidente Javier Milei ya vetó semanas atrás: un esquema previsible de recursos, actualización automática por inflación y paritarias docentes.
La iniciativa propone establecer un piso presupuestario equivalente al 1% del PBI, la creación de fondos especiales para el desarrollo de carreras estratégicas, y la recomposición salarial del personal docente y no docente, tomando como referencia el poder adquisitivo de diciembre de 2023, actualizado trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Se trata de dar certidumbre y garantizar el funcionamiento regular del sistema universitario argentino, que hoy sobrevive con partidas de emergencia y sin ley de presupuesto nacional desde 2022”, explicaron desde el bloque de Unión por la Patria.
130 votos en juego y el intento por revertir el veto
El pedido de sesión especial fue presentado por los presidentes de bloque Germán Martínez (UxP), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Emilio Monzó, Nicolás Massot y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). Las bancadas aseguran contar con más de 130 votos para habilitar el tratamiento del proyecto e incluso avanzar en su aprobación.
La movida parlamentaria apunta no solo a sancionar la ley, sino también a presionar políticamente al oficialismo, que vetó la norma aprobada en mayo bajo el argumento de que “la educación pública es un gasto que no puede seguir creciendo”.
Ese veto desató un fuerte repudio desde todo el arco universitario. Desde el CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y agrupaciones estudiantiles señalaron que la decisión del Ejecutivo “ratifica una política de desfinanciamiento deliberado” y pone en riesgo la continuidad del segundo cuatrimestre en varias casas de estudio.
Emergencia, déficit y crisis: el mapa del sistema universitario
El diagnóstico de crisis presupuestaria es compartido por universidades de todo el país. A la fecha, al menos diez universidades nacionales han declarado la emergencia presupuestaria o edilicia, entre ellas:
- Universidad Nacional de Moreno (UNM), con una caída del 32,2% en las transferencias respecto a 2023.
- Universidad de Buenos Aires (UBA), que advirtió que su red de hospitales-escuela “está en riesgo operativo”.
- Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que también declararon emergencias parciales.
“Los recursos asignados no alcanzan ni para cubrir el costo de funcionamiento básico. Hoy se sostiene el sistema a costa de salarios congelados, servicios recortados y postergación de carreras enteras”, señalaron desde la UBA en su resolución del Consejo Superior.
En muchos casos, como ocurre en universidades nuevas o en expansión, la situación es aún más crítica: carreras con cursos suspendidos, vacantes sin cubrir, obras paralizadas, y personal docente que renuncia por la caída de más del 35% del poder adquisitivo, según denuncias del CIN y de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
La gran marcha del 23 de abril y el reclamo sostenido
El tema presupuestario tuvo su punto de inflexión el pasado 23 de abril, cuando una masiva movilización nacional universitaria colmó las calles del país en defensa de la educación pública. Esa protesta –la más grande desde el inicio del gobierno de Javier Milei– forzó al oficialismo a otorgar aportes extraordinarios puntuales a algunas universidades, pero sin resolver el problema estructural de fondo.
Desde entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios vienen insistiendo con la sanción de una ley que garantice el financiamiento regular del sistema, y con el pedido de apertura de paritarias docentes y no docentes, congeladas desde principios de año.
Si bien el foco está puesto en la cuestión presupuestaria, los rectores, gremios y legisladores plantean que el debate toca la esencia del modelo universitario argentino: su gratuidad, carácter público, desarrollo territorial y rol estratégico en ciencia y tecnología.
Qué puede pasar el miércoles en el Congreso
Todo indica que la sesión especial se concretará. Pero el final está abierto. Aunque hay mayoría para iniciar el debate, aún no está garantizada la mayoría agravada necesaria para rechazar el veto presidencial.
De todos modos, la presión política sobre el Gobierno volverá a subir, en un contexto donde la conflictividad universitaria sigue latente y el segundo cuatrimestre se inicia con incertidumbre financiera, deuda salarial y emergencias edilicias en varios puntos del país.
