En medio de una profunda crisis presupuestaria que afecta al sistema de educación superior, un grupo de estudiantes universitarios argentinos lanzó una iniciativa histórica: convocar una consulta popular vinculante para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta herramienta, amparada por la Constitución Nacional, busca superar el veto presidencial que bloqueó la aprobación de la normativa tras su respaldo en el Congreso.
La consulta popular vinculante es un mecanismo de democracia directa que, si es aprobada, convierte automáticamente la propuesta en ley sin posibilidad de veto por parte del Poder Ejecutivo. Para les impulsores, esta medida es fundamental para asegurar el funcionamiento de las universidades públicas, hoy afectadas por un escenario de desfinanciamiento progresivo que compromete sus actividades académicas, científicas y de extensión.
Una solución legal y política a la crisis universitaria
Mario Lozano, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), destacó la relevancia de esta herramienta para devolverle el poder de decisión a la ciudadanía sobre un tema esencial.
“Es una forma poderosa de que la sociedad decida si quiere mantener a las universidades en condiciones de inanición o garantizarles los recursos necesarios para cumplir con sus funciones”, afirmó Lozano, subrayando la gravedad del contexto.
El proyecto no solo busca sortear las limitaciones políticas impuestas por el veto presidencial, sino también visibilizar el apoyo social hacia las universidades públicas como motor de inclusión y desarrollo en el país.
El procedimiento de la consulta vinculante
Para habilitar la consulta, el Congreso debe sancionar un proyecto de ley que convoque al proceso. Una vez aprobado, el Ejecutivo no puede interferir en su realización. Como mecanismo vinculante, el voto será obligatorio y requerirá la participación de al menos el 35% del padrón electoral para ser válido.
Si la propuesta a favor de la Ley de Financiamiento Universitario es aprobada por mayoría, la normativa será promulgada y publicada en el Boletín Oficial en un plazo máximo de diez días hábiles. De lo contrario, no podrá convocarse una nueva consulta sobre el mismo tema hasta después de dos años.
El impacto del desfinanciamiento universitario
La situación actual de las universidades nacionales es crítica. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto asignado para 2025 representa menos de la mitad de los fondos recomendados para garantizar su correcto funcionamiento.
Casos como el de la Universidad Nacional de Quilmes, que debió suspender inscripciones en carreras de Informática debido a la falta de recursos, evidencian las dificultades estructurales. Sin presupuesto suficiente para actualizar tecnología o ampliar la planta docente, la calidad educativa se encuentra en riesgo.
Además, el deterioro de los salarios docentes ha generado una pérdida de profesionales altamente capacitados, afectando directamente la formación de miles de estudiantes.
Un contexto de movilización y esperanza
La iniciativa de la consulta popular surge en un escenario de creciente movilización social. Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes han protagonizado marchas federales, paros y tomas en reclamo de un financiamiento justo.
En este marco, les impulsores de la consulta confían en canalizar el apoyo ciudadano hacia una acción concreta.
“La universidad pública tiene un amplio respaldo social, y esta consulta es una oportunidad para transformar ese apoyo en una decisión que proteja el sistema educativo de los ajustes presupuestarios”, señalaron en un comunicado oficial.
La defensa de la democracia directa
La convocatoria a una consulta popular vinculante no solo representa un mecanismo para enfrentar la crisis presupuestaria, sino también un ejercicio de democracia directa que fortalece la participación ciudadana en decisiones clave para el futuro del país.
Este proceso, aún en sus primeras etapas, podría marcar un precedente en la defensa de la universidad pública y gratuita, un pilar fundamental del desarrollo social y económico argentino. La concreción de esta consulta dependerá del respaldo político y social que logren les estudiantes y académicos en los próximos meses, pero su simple impulso ya es un mensaje claro: la ciudadanía está dispuesta a tomar las riendas en defensa del derecho a la educación superior.
