Durante este viernes, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, le había respondido a varios usuarios que la última palabra la tiene el presidente de la Nación. Minutos más tarde, el jefe de Estado contestó la publicación confirmando que habrá “veto total”.
Será la segunda vez que el presidente utilice la facultad legislativa establecida en la Constitución Nacional. De esta manera, una vez que sea oficializado en el Boletín Oficial, ambas cámaras podrán insistir con el proyecto, pero deberá alcanzar los dos tercios de los presentes en cada recinto para insistir con el proyecto.
Esta iniciativa fue impulsada por la oposición en la Cámara baja que tras varios intentos fallidos, de sesión y emplazamientos, finalmente la madrugada del 15 agosto le dio media sanción por por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. En el Senado, obtuvo 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, superando los dos tercios que debería repetir en caso de que el veto se haga y el Congreso insista.
El presidente del CIN llamó a una nueva gran marcha
El presidente del CIN, Víctor Moriñigo, dijo ayer que los legisladores nacionales que voten en contra deberán explicar por qué niegan a sus universidades el funcionamiento y estimó que la movilización se hará antes de la sesión parlamentaria.
En la gran marcha federal estarán presentes también Conadu, Fatun, FUA y gremios docentes y no docentes, los que ya confirmaron su participación.
“Teníamos una gran alegría y mucha esperanza por el apoyo del Senado a la Ley de Financiamiento Universitario”, dijo Moriñigo.Y añadió:“Si hay veto, vamos a ir por los dos tercios de ambas cámaras y respetar institucionalmente lo que corresponda constitucionalmente”.
Consultado sobre los legisladores que voten en contra, Moriñigo respondió:“Los diputados y senadores deberán rendir cuentas de por qué les niegan a las universidades públicas poder funcionar”.
Adelantó que con un veto “va a haber reclamos por parte de los organismos universitarios, las federaciones de los sindicatos y la sociedad toda”. Más adelante, el titular del CIN sostuvo que “las paritarias no han funcionado y los salarios están por el piso y esto va en contra de la calidad universitaria”.
Moriñigo afirmó que hoy estará atento “a lo que diga Milei en la presentación del Presupuesto de la Nación 2025”.
“No genera déficit” asegura el vice del CIN
El rector de la Universidad de La Pampa y vice del Consejo Interuniversitario, Oscar Alpa, sostuvo que “El Congreso dio un mensaje contundente que el presidente tendría que ver; esa forma de comunicarse por las redes sociales es una cuestión de poder”, y lamentó de esa forma el anuncio del “veto total” por parte del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada el jueves pasado. “No tiene explicación económica porque no genera déficit, al contrario, no es un nuevo gasto. La ley indica cómo se deben actualizar los gastos de funcionamiento y los sueldos”, explicó.
Señaló además que “no genera déficit porque no es un nuevo gasto. La ley indica cómo se deben actualizar los gastos de funcionamiento y los sueldos. El Congreso expresó cuál es el monto”.
“No creo que el presidente tenga razones para vetarla, puede haber una razón política, pero eso significa que no la ve porque quiere que vengan inversiones extranjeras ya que nuestro gran activo son las universidades… No se da cuenta que lo que se hace en dos o tres meses son décadas de problemas. No es una cuestión política, es una cuestión de mantener el sistema universitario”, advirtió Alpa.
Desde la UNL sostienen que “habrá que insistir”
El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, adelantó que se buscarán los dos tercios necesarios en el Congreso para rechazar el veto e insistir con el proyecto.
«El veto implicará volver a insistir, tanto con diputados como con senadores, para tratar de conseguir los dos tercios», manifestó el rector.
Mammarella enfatizó que el proyecto, tal como lo informó la Oficina de Presupuestos del Congreso, representa un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), y que es un 10% del superávit que logró el gobierno nacional con el ajuste.
El rector subrayó que lo que la ley prevé es una actualización del presupuesto conforme a la inflación del año 2023 y 2024, pero que no se trata de un aumento.
Sobre la presentación del presupuesto nacional que hará el presidente este domingo por la noche, Mammarella dijo que «al no haber habido presupuesto 2024 por una decisión del gobierno de no tratar el que estaba elevado ni presentar uno nuevo, mucho no conocemos de cuáles son las ideas de la economía».
«Lo que sabemos es lo que el presidente sale todos los días a decir la importancia de mantener el equilibrio fiscal, y lo entendemos. Pero también se habla muy fuerte de lo que es el superávit fiscal, que es otra cosa que no es el equilibrio, es ahorrar. No sabemos el para qué de esa plata que el Estado Nacional hoy tiene en sus arcas, porque en estos primeros ocho meses hay un superávit de más de 7 billones de pesos que no sabemos a qué se va a aplicar, cómo y para qué», dijo en declaraciones radiales.
“La ley te aleja de la discrecionalidad” dicen desde la UNR
“Es una gran noticia no solo porque se aprueba una ley que resuelve problemas, sino porque se hizo de manera holgada con más del 80% de los senadores, algo similar ocurrió en Diputados”, manifestó Franco Bartolacci, rector de la UNR
Bartolacci hizo énfasis en que la ley es fundamental para resolver la crítica situación salarial que enfrentan los docentes y no docentes de las universidades. Según señaló, la norma establece actualizaciones mensuales conforme a la inflación, lo que permitirá una recomposición salarial que busca corregir el desfasaje del 50% que se produjo en los últimos meses. “Establece un parámetro que mes a mes implica una actualización conforme a la inflación y suma una recomposición por el desfasaje”, indicó.
En cuanto a las implicancias de un eventual veto presidencial, Bartolacci fue categórico al afirmar que no hay razones financieras que justifiquen tal medida. “Si se veta la ley no es por falta de recursos, es por falta de voluntad de resolver el problema y de asignarle a las universidades lo que necesitan para poder funcionar correctamente”, sostuvo, remarcando que la educación debe ser una prioridad en cualquier contexto económico.
Uno de los puntos que Bartolacci valoró de la nueva ley es que, al garantizar el financiamiento, se elimina la discrecionalidad por parte de las autoridades de turno en la asignación de recursos. “La ley te aleja de la discrecionalidad de cualquier autoridad circunstancial”, explicó, subrayando que lo más importante es asegurar una respuesta a la situación salarial de los trabajadores universitarios, lo que permitirá retomar el ritmo académico normal. “Tenemos que retomar un vínculo diario, que los estudiantes puedan cursar y rendir, para eso se deben pagar salarios dignos a los trabajadores de la educación”, añadió.
El rector criticó con dureza la precariedad salarial que enfrentan muchos docentes universitarios, señalando que es inadmisible que quienes forman a los futuros profesionales del país perciban sueldos que los sitúan por debajo de la línea de pobreza. “Es inexplicable que un docente que forma a los futuros profesionales de la nación cobre un salario de algo más de 140 mil pesos”, señaló Bartolacci, y recordó que más del 50% de los trabajadores universitarios se encuentran en esa situación.
