El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resolvió este martes declarar por unanimidad la emergencia presupuestaria, en respuesta a la profunda crisis económica que atraviesa la institución. El cuerpo de gobierno alertó por la falta de actualización de las partidas destinadas a su funcionamiento general y a la atención médica en los hospitales universitarios, cuya actividad se encuentra seriamente comprometida.
En una resolución firmada en sesión ordinaria, la UBA advierte que las asignaciones presupuestarias vigentes –correspondientes al año 2023– resultan “insuficientes” frente a la inflación acumulada que trepó al 211,4% en 2023 y al 117,8% en lo que va de 2024. Además, señala que la ausencia de una ley de presupuesto nacional para los ciclos 2024 y 2025 genera un “vacío normativo” que impide a las universidades planificar su gestión financiera.
“La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina”, expresa el texto, al tiempo que reclama un financiamiento adecuado para garantizar las funciones esenciales de docencia, salud, investigación y extensión.
La UBA representa a la institución más grande del sistema universitario nacional, con casi 400 mil estudiantes, más de 30 mil docentes y un reconocimiento internacional sostenido. Pero también cumple un rol estratégico en la red de salud pública: sus hospitales-escuela brindan atención médica gratuita a más de medio millón de pacientes al año.
Sin embargo, desde la última actualización presupuestaria hace más de un año, ninguno de los hospitales universitarios recibió un solo aumento, a pesar de una inflación acumulada superior al 70%. Esto afecta directamente a los cinco institutos asistenciales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto Lanari, el Instituto Roffo, el Instituto Vaccarezza y el Instituto Taquini.
Además, según lo informado por el Consejo, los salarios del personal asistencial perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en el último año y medio, lo que pone en riesgo la continuidad de las tareas asistenciales y la capacidad operativa de los servicios.
Frente a este escenario, la Universidad solicita de forma explícita a los ministerios de Economía y Capital Humano “la urgente actualización del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento y a las partidas de salud”, consideradas vitales para evitar el colapso institucional.
La declaración de emergencia se suma a los reclamos de distintas universidades públicas del país, que en las últimas semanas volvieron a poner en agenda el problema del desfinanciamiento. Si bien el gobierno nacional anunció aumentos puntuales para algunas casas de estudio, la UBA sostiene que esos aportes son parciales e insuficientes para cubrir la magnitud de la crisis.
