A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei anunció la implementación de un nuevo sistema de créditos universitarios obligatorios para todas las carreras que soliciten reconocimiento oficial a partir del 1 de enero de 2027. La medida modifica el actual Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau) e introduce una nueva unidad de medida: el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), que pondera no sólo las horas de clase sino también el tiempo autónomo de estudio.
La modificación, impulsada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, alinea el esquema de cursado de la educación superior argentina con modelos aplicados en Europa y Estados Unidos. En concreto, cada CRE representará entre 25 y 30 horas de dedicación académica total, incluyendo actividades no presenciales como trabajos prácticos, lecturas, exámenes o tareas extracurriculares.
Desde el Gobierno justificaron la reforma como un paso hacia una universidad “más moderna, flexible e internacionalizada”, con la promesa de facilitar la movilidad estudiantil entre instituciones nacionales y extranjeras, y de hacer más dinámico el tránsito entre carreras y trayectos formativos.
Sin embargo, la decisión llega en un contexto de agudo conflicto presupuestario con el sistema universitario público y con una parte del sector docente movilizado frente a lo que consideran una avanzada de mercantilización de la educación superior. Aún sin confrontación pública directa, la implementación de esta nueva estructura académica genera tensiones subterráneas dentro del mundo universitario.
El nuevo régimen plantea que los planes de estudio deberán organizarse con una media de 60 créditos anuales. La resolución alcanza a todas las carreras que soliciten validez nacional a partir de 2027, aunque permite una prórroga de hasta dos años para su adecuación. Además, las universidades podrán optar por incorporar de manera voluntaria el sistema a carreras ya vigentes.
La medida —según fuentes oficiales— no afectará a las acreditaciones actuales, pero abre la puerta a una progresiva reformulación de los trayectos académicos, con un modelo que prioriza estructuras más modulares, equivalencias automáticas y trayectos formativos diversificados.
Desde sectores críticos, sin embargo, se alerta que detrás de esta reorganización se oculta un esquema que podría fragmentar las carreras, limitar la formación integral y avanzar en una segmentación de títulos. El riesgo, advierten, es que las universidades se transformen en centros de certificación de competencias, perdiendo su función como espacios de producción crítica y social del conocimiento.
En medio del debate por el financiamiento y las condiciones de acceso y permanencia en las universidades, la resolución del Gobierno se proyecta como una reforma silenciosa pero estructural, que tensiona los consensos históricos sobre qué es —y qué debe ser— la universidad pública en la Argentina.
