El pasado martes 14 de octubre se llevó a cabo en todo el país un paro nacional docente por 24 horas, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y con adhesión de gremios universitarios, en rechazo al ajuste presupuestario y al desfinanciamiento de la educación pública por parte del Gobierno nacional.
La jornada tuvo su epicentro en la Marcha Federal Educativa, que reunió a miles de docentes y estudiantes desde el Congreso de la Nación hasta el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación. Bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, la movilización buscó visibilizar el deterioro del sistema educativo y exigir una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a paritarias nacionales y un aumento del presupuesto educativo.
En un comunicado, la CTERA expresó que “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”.
Reclamos y efectos del recorte
La eliminación del FONID —vigente desde 1998 y suprimido en enero de 2024— fue uno de los ejes centrales de las protestas. Según estimaciones del gremio SUTEBA, la medida implicó pérdidas de entre dos y cuatro millones de pesos en el salario de los docentes bonaerenses en el último año y medio, dependiendo de la carga horaria.
El sindicato advirtió que la decisión del Gobierno nacional representa “un golpe directo al salario y a las condiciones de vida de los trabajadores de la educación”, y denunció que el ajuste presupuestario “se hace a costa de la escuela pública y de la comunidad educativa”.
El reclamo docente también incluyó la preocupación por el pluriempleo, la sobrecarga laboral y el aumento de los problemas de salud mental en el sector. Según el Observatorio Argentinos por la Educación, tres de cada diez docentes de primaria trabajan en más de una escuela, un índice que duplica el promedio regional de América Latina (11,4%).
Un presupuesto con más recortes
El conflicto se da en medio de la discusión del Proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo, que —según los gremios— profundiza los recortes en educación, ciencia y tecnología.
El artículo 30 del proyecto propone derogar artículos clave de leyes educativas que establecían pisos mínimos de inversión: entre ellos, el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que garantiza que el gasto educativo no sea inferior al 6% del PBI, y los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaban una inversión progresiva hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.
Además, el texto elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que destinaba el 0,2% de los ingresos corrientes del Estado a fortalecer escuelas técnicas de todo el país.
Contexto y perspectivas
El paro nacional contó con alto acatamiento en la mayoría de las provincias, tanto en el nivel inicial y primario como en el secundario y universitario. Las manifestaciones se replicaron en distintos puntos del país, con concentraciones frente a ministerios y legislaturas locales.
Para los gremios docentes, la jornada fue “una señal contundente” al Gobierno nacional ante el deterioro del financiamiento educativo y la falta de diálogo institucional.
La movilización concluyó frente al Palacio Pizzurno con un documento conjunto en el que las organizaciones reclamaron que se garantice el presupuesto educativo como política de Estado y se restablezcan los fondos nacionales que sostenían el funcionamiento de las escuelas y universidades públicas.
