La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles, con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, el proyecto de ley de financiamiento universitario impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), otorgando media sanción a una propuesta que apunta a reforzar la asignación de recursos para las universidades públicas del país.
El proyecto contempla una serie de medidas reclamadas desde comienzos de año por las autoridades universitarias y por una amplia movilización de la comunidad educativa: actualización presupuestaria al ritmo de la inflación, aumento del presupuesto al 1% del PBI, recomposición salarial para docentes y no docentes, y fondos especiales para carreras estratégicas, entre otras disposiciones. A su vez, establece una actualización bimestral automática de los fondos a partir de enero de 2025, un punto que el oficialismo considera un desafío directo a su política de «déficit cero».
Tras la votación, el CIN –órgano que nuclea a los rectores y rectoras de las universidades nacionales– emitió un comunicado breve pero contundente:
«Esta iniciativa le da a más de 2 millones de estudiantes, docentes y no docentes la posibilidad concreta de que el sistema universitario continúe activo y en pie».
Desde el Consejo también se expresó agradecimiento a los legisladores que acompañaron el dictamen con su voto afirmativo, y se destacó que este paso representa un alivio para la sostenibilidad del sistema en un contexto de recortes y emergencia presupuestaria declarada en más de una decena de universidades.
La lectura política: un resultado que preocupa al oficialismo
Más allá del contenido técnico del proyecto, el resultado tuvo alto impacto político. La oposición logró reunir 158 votos, quedando a solo un voto de alcanzar los dos tercios necesarios para superar un eventual veto presidencial. Esa cercanía encendió alarmas en el oficialismo y evidenció el aislamiento legislativo de La Libertad Avanza, que no logró impedir el tratamiento del proyecto ni alinear al radicalismo ni a los bloques federales.
La sesión fue convocada por un conglomerado opositor amplio que incluyó a Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el socialismo santafesino, Encuentro Federal, legisladores de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Santa Cruz, entre otros. En la misma jornada, también se trató el financiamiento del Hospital Garrahan, otra causa sensible que expuso la tensión entre el Ejecutivo y sectores del Congreso.
El proyecto había sido elaborado por el CIN en articulación con las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, y recibió el respaldo de rectores, gremios docentes y organizaciones estudiantiles, en medio de una crisis que ha dejado al sistema con una caída del 35% real del presupuesto interanual, retraso salarial superior al 30% y déficits operativos en más de 20 universidades, tal como se ha venido informando en DataUniversitaria.com.ar.
Qué propone el proyecto con media sanción
Entre los puntos principales del dictamen aprobado, se destacan:
- Actualización presupuestaria automática por inflación, a partir de 2025, con revisión bimestral según el IPC.
- Asignación presupuestaria mínima del 1% del PBI para el sistema universitario nacional.
- Recomposición de los haberes docentes y no docentes, con retroactividad al 1 de diciembre de 2023.
- Paritarias nacionales para definir condiciones laborales del personal universitario.
- Fondo especial para nuevas carreras estratégicas, con el objetivo de fomentar la innovación científica y la formación en áreas prioritarias.
Próximo paso: el Senado
Ahora el proyecto deberá ser tratado en el Senado de la Nación, donde aún no hay certezas sobre los votos necesarios. Desde el CIN y diversos sectores de la comunidad universitaria se pidió celeridad para su tratamiento.
“Esperamos que la media sanción no quede en un gesto simbólico. Es urgente dotar de previsibilidad y recursos a las universidades antes de que el daño sea irreversible”, afirmó a este medio un rector que pidió reserva de identidad.
La media sanción se da en un contexto de emergencia universitaria declarada por decenas de instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Moreno, la UNLP, la UNR, la UNC y la UBA, que han denunciado públicamente el desfinanciamiento sostenido desde enero, con partidas congeladas y retrasos en los pagos de servicios básicos, salarios y funcionamiento.
Mientras el proyecto avanza hacia la Cámara Alta, el Gobierno enfrenta una encrucijada política: vetar una ley ampliamente consensuada o dar marcha atrás con un ajuste que ha generado un creciente costo político y social.
