El sistema de educación superior en Chile ha sido históricamente marcado por políticas de arancelamiento que, instauradas durante la dictadura de Pinochet, desmantelaron la educación pública como un derecho accesible para todos. La Ley General de Universidades, implementada en 1981, redujo el aporte estatal y dejó a millones de estudiantes endeudados, un legado que perdura hasta hoy.
Con la llegada de la democracia, comenzaron a vencer los pagarés de aquellos que se endeudaron durante la dictadura, lo que dio lugar a un ciclo de represión y endeudamiento. Los deudores universitarios, a menudo, se encontraron excluidos del sistema financiero, lo que afectó su capacidad para acceder a créditos y encontrar empleo.
Bajo el gobierno de Michelle Bachelet, se introdujo un avance significativo: la ley que permitía la gratuidad de la educación para un 50% de los estudiantes con menores ingresos. Sin embargo, las deudas históricas persistieron. Gabriel Boric, actual presidente de Chile, ha propuesto recientemente un proyecto de ley para condonar y reorganizar las deudas estudiantiles, beneficiando a miles de chilenos que cargan con esta pesada herencia.
Al celebrar los avances en la gratuidad y el acceso a la educación, se vuelve evidente que el modelo de universidad pública y gratuita de Argentina ha influenciado y guiado la lucha estudiantil en Chile. Con la reciente propuesta de Boric, se abre la posibilidad de un futuro más equitativo para la educación superior, donde el acceso no esté determinado por la capacidad económica de las familias, sino por el derecho a la educación como un pilar fundamental de la sociedad.
