El conflicto por la financiación de las universidades públicas sigue escalando. En respuesta al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, tanto la CONADU como la CONADU Histórica han convocado a un paro nacional de 48 horas para los días 26 y 27 de septiembre, seguido de una gran movilización nacional el 2 de octubre. La medida de fuerza tiene como objetivo visibilizar la grave situación que atraviesan las universidades, donde se denuncia una pérdida de poder adquisitivo del 75% desde diciembre pasado.
Una semana de protestas y visibilización
Del 23 al 27 de septiembre, el sector universitario organizará actividades de visibilización a lo largo y ancho del país, que incluirán clases públicas, radios abiertas, conferencias y volanteadas. Esta semana de protesta tiene como fin exponer las demandas de docentes y no docentes, y sumar a la comunidad educativa en general a la lucha.
Por primera vez, la protesta no involucra solo a los gremios de trabajadores, sino también a las autoridades universitarias. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), darán una conferencia de prensa conjunta el martes 24 de septiembre para reafirmar su rechazo al veto presidencial.
Unidad en la lucha
La CONADU y la CONADU Histórica se alinean con las medidas anunciadas por la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) y sindicatos de la UBA, quienes ya habían convocado a un paro para el jueves 26 de septiembre. Se espera que más gremios y sindicatos de la comunidad universitaria se sumen a la movilización del 2 de octubre, consolidando un frente unificado en la lucha por la defensa del sistema universitario público.
Un ajuste cada vez más profundo
El ajuste presupuestario que las universidades públicas han sufrido durante el último año podría agravarse en 2025. Con el veto a la ley de financiamiento universitario ya confirmado por Milei, el Gobierno nacional no solo ha decidido mantener suspendido el Fondo de Incentivo Docente, sino que también ha asignado a las universidades casi la mitad de los fondos solicitados para el próximo año en el proyecto de Presupuesto 2025.
Este escenario de recortes amenaza con profundizar aún más la crisis de las universidades públicas, que ya enfrentan serias dificultades para sostener su funcionamiento, con un impacto directo en docentes, estudiantes y trabajadores no docentes.
La comunidad universitaria, ahora más unida que nunca, se prepara para seguir defendiendo el acceso a una educación pública y de calidad en todo el país.