En un contexto de emergencia presupuestaria y deterioro salarial, rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a representantes estudiantiles y gremiales, entregaron a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El texto propone un modelo integral para garantizar recursos sostenidos, paritarias periódicas, aumento de becas y fondos específicos para carreras estratégicas.
El proyecto fue presentado formalmente ante la Comisión de Educación, y surge del trabajo conjunto entre el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Su redacción se inició tras el plenario extraordinario que el CIN realizó en abril en San Luis, donde se advirtió sobre la parálisis financiera del sistema. Allí se definió avanzar en una propuesta consensuada para garantizar la continuidad y sustentabilidad de las universidades públicas.
“El objetivo es claro: proteger a las universidades del ajuste, garantizar previsibilidad presupuestaria y recuperar el salario de docentes y nodocentes”, indicaron desde el CIN.
Un piso para la inversión educativa
Uno de los pilares del proyecto es la definición de un piso mínimo de financiamiento, con una proyección de aumento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar, en 2031, un 1,5 % del PBI. Este incremento sería escalonado año a año, partiendo del 1% en 2026.
La ley también establece que el monto asignado a universidades nacionales para funcionamiento e inversión deberá actualizarse de manera automática cada año, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INDEC. Esta actualización cubrirá gastos operativos, hospitales universitarios, ciencia y técnica, y extensión universitaria.
Paritarias trimestrales y recomposición salarial
Ante la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los trabajadores del sector, el texto propone que el Ejecutivo convoque a paritarias cada tres meses, con cláusulas de actualización mensual nunca por debajo de la inflación oficial. Además, ordena que todos los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, incorporando al básico las sumas fijas otorgadas sin acuerdo paritario desde diciembre de 2023.
De aprobarse, esta ley obligaría al gobierno a recomponer salarios tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Becas, infraestructura y carreras estratégicas
Otro eje importante de la propuesta es la creación de un Fondo para Carreras Estratégicas, con una partida inicial de $10 mil millones, que será actualizada anualmente por inflación. Su objetivo: promover nuevas carreras universitarias vinculadas a áreas de vacancia territorial y desarrollo tecnológico, como inteligencia artificial. El fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con participación directa del CIN.
El proyecto también propone aumentar el número y el monto de las becas universitarias, priorizando a estudiantes en situación de vulnerabilidad. En paralelo, se prevé que el presupuesto nacional asigne recursos específicos para obras de infraestructura universitaria, hoy paralizadas.
Un financiamiento vinculado a los ingresos del Estado
Para garantizar los fondos sin necesidad de crear nuevos impuestos, el artículo 6 del proyecto estipula que el 10,05% de los recursos nacionales de la coparticipación federal (artículo 3º inciso a) de la Ley N.º 23.548) se destinen al sistema universitario nacional. Esta “Proporción Universitaria” no afectaría lo que corresponde a provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y busca asegurar un flujo mensual de fondos.
La fórmula fue calculada sobre el último presupuesto aprobado (2023), con un crédito universitario de $752.482 millones frente a un ingreso nacional por coparticipación de $7.484.681 millones.
Fundamentos: inversión social, no gasto
Los fundamentos del proyecto sostienen que “la educación universitaria es un derecho humano, un bien público y una herramienta clave para la movilidad social”. A la vez, señalan que recortar el financiamiento no solo afecta la calidad académica, sino que representa una amenaza directa a la soberanía científica, la producción de conocimiento, la formación profesional y el desarrollo nacional.
“Este proyecto empareja el financiamiento universitario con los ingresos recaudados del Estado nacional, buscando asegurar la autonomía y sustentabilidad de nuestras universidades”, concluyen desde el CIN.
Ahora, la discusión está en manos del Congreso. La comunidad universitaria espera que los distintos bloques políticos estén a la altura de la demanda social que quedó evidenciada en la histórica Marcha Federal del 23 de abril: una universidad pública con presupuesto justo, salarios dignos y becas para todos.
