El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebró la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Senado con un respaldo de 58 votos afirmativos y considerada clave para garantizar la continuidad del sistema público. La norma asegura presupuesto operativo, recomposición salarial para docentes y no docentes, actualización de becas estudiantiles y un fondo especial para carreras estratégicas, sin generar nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal.
Desde el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas resaltaron que más de dos millones de estudiantes de todo el país se verán beneficiados por la ley, que otorga previsibilidad y estabilidad al funcionamiento académico y científico en un contexto de reclamos por mayor certidumbre financiera.
“Ustedes no solo representan a sus provincias, también a nuestra nación. Gracias por defender la universidad pública argentina”, expresaron en un mensaje dirigido a los senadores que respaldaron la norma.
Una ley con antecedentes y riesgos
Esta es la segunda norma de financiamiento universitario que el Congreso sanciona en dos años, luego del veto presidencial a la aprobada en octubre de 2024. En esta oportunidad, la amplitud de apoyos legislativos —con consensos transversales que superaron las diferencias partidarias— es vista por el CIN como un aval político que fortalece la legitimidad del texto.
Sin embargo, los rectores advirtieron que el Poder Ejecutivo ya anunció su intención de vetar la iniciativa. Ante este escenario, las universidades y gremios del sector preparan una estrategia para garantizar su vigencia: buscar los dos tercios de ambas cámaras para rechazar un eventual veto presidencial.
“Esperamos conseguir los dos tercios necesarios para impedir que ese veto prospere. Los gremios y la comunidad universitaria están trabajando activamente para lograr el respaldo de los legisladores”, señaló un rector consultado.
Más allá de la ley: el reclamo por el presupuesto nacional
En paralelo al debate por el financiamiento, el CIN volvió a exigir que el Gobierno presente un presupuesto nacional, algo que no sucede desde hace dos años. Según denunciaron, la actualización de recursos para la educación superior depende actualmente de la discrecionalidad del Ejecutivo, “con criterios arbitrarios que generan desigualdad”.
Para el sistema universitario, la nueva ley no solo garantiza la continuidad de la actividad académica, sino que funciona como una herramienta de planificación en un escenario político incierto. La combinación de previsibilidad y financiamiento estable es, para los rectores, una condición indispensable para sostener la investigación, la extensión y la formación profesional de calidad.
