El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió suspender una de las cláusulas más polémicas del convenio firmado con la fundación “Argentinos por la Educación”, que habilitaba la difusión de bases de datos del sistema SIU Guaraní, una plataforma que contiene información académica y personal de estudiantes y docentes universitarios de todo el país.
La medida fue tomada tras una ola de críticas de distintos espacios académicos que advirtieron sobre la sensibilidad de los datos y la falta de garantías sobre su resguardo. La cláusula 2 inciso F del acuerdo, firmado en abril pasado, establecía que el CIN debía “difundir anualmente la base de datos anonimizada del sistema SIU Guaraní” para investigaciones conjuntas con la fundación privada.
La decisión de dar marcha atrás con esta cesión de datos fue adoptada por los rectores en el último plenario del CIN, en el que se resolvió suspender el punto en cuestión. Según informaron desde la Red de Institutos y Centros de Investigación en Educación (RICIE), la cláusula quedó en revisión por “la necesidad de estudiar las garantías de la anonimización” y “profundizar el debate sobre los propósitos y destinatarios de dichos datos”.
Un acuerdo bajo la lupa
El convenio había sido suscripto por el entonces presidente del CIN, Víctor Moñirigo (Universidad Nacional de San Luis), y por Federico del Carpio, coordinador de Política Educativa de la fundación. Su contenido comenzó a ser cuestionado rápidamente por asociaciones académicas y redes universitarias, entre ellas la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE), que expresaron su alarma por el riesgo de uso sesgado o indebido de la información.
El SIU Guaraní es un sistema clave para la administración universitaria: reúne el historial académico de cada estudiante (materias aprobadas, notas, trayectos curriculares), el plan de estudios vigente y datos personales como nombres, domicilios y datos de contacto. La eventual entrega de esta información, incluso anonimizada, a una organización privada fue leída como un punto de inflexión en el modelo de universidad pública.
El reclamo generalizado apuntó a la opacidad del acuerdo, la ausencia de consulta previa en el sistema universitario y el posible avance de intereses privados sobre una herramienta estratégica del Estado. Para muchos, la situación desnudó una debilidad institucional preocupante y la necesidad urgente de revisar los criterios con los que se firman este tipo de convenios.
Un modelo en disputa
La fundación “Argentinos por la Educación” se presenta como una organización independiente que promueve campañas educativas con base en datos, acuerdos políticos y movilización social. Ha sido impulsora de la Campaña Nacional por la Alfabetización Inicial y mantiene relaciones institucionales con distintas administraciones provinciales.
Más allá de los objetivos declarados, el intento de acceder a datos sensibles del sistema universitario encendió las alarmas dentro de las casas de estudio. La desconfianza se amplifica en un contexto de fuerte ajuste presupuestario, creciente precarización de la educación pública y una ofensiva oficial que busca condicionar los contenidos, carreras y estructuras del sistema universitario bajo el discurso de la eficiencia y la productividad.
La marcha atrás del CIN no anula el resto del convenio firmado, pero sí introduce un límite explícito en el punto más crítico: la cesión de datos. El debate está lejos de cerrarse. Para buena parte de la comunidad académica, lo ocurrido constituye una señal de alerta sobre el rumbo que podrían tomar algunas decisiones institucionales si no se resguardan los principios de autonomía, transparencia y defensa de lo público que rigen a la universidad argentina.
