El Senado de la Nación rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma clave que garantiza la actualización del presupuesto y los salarios en las universidades públicas. Con más de dos tercios de los votos afirmativos, la Cámara alta ratificó su plena vigencia y obligó al Poder Ejecutivo a promulgarla.
La ley, aprobada originalmente en agosto con amplio consenso, fue respaldada en esta nueva sesión por 58 senadores, con 7 votos en contra y 4 abstenciones. De esta manera, tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la de Emergencia Pediátrica —también vetada por el Gobierno— quedaron ratificadas y deberán ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo.
Qué establece la ley
La norma dispone la recomposición de salarios docentes y no docentes, la actualización de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales y la convocatoria a paritarias trimestrales. También crea un fondo de 10.000 millones de pesos, con actualización anual por inflación, destinado a becas y carreras estratégicas.
El texto aprobado prevé que los recursos provendrán de fondos coparticipables y que su aplicación no compromete el equilibrio fiscal, al afectar solo una mínima porción del PBI. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto proyectado representa 0,23% del producto bruto interno.
La ley busca dar respuesta a una situación crítica: desde diciembre de 2023 el Gobierno prorrogó el Presupuesto Nacional, sin actualizar partidas. Esto generó una brecha de 134% entre la inflación acumulada y los fondos asignados, con universidades que denuncian recortes en actividades académicas, de investigación y extensión.
Un reclamo de todo el sistema universitario
Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) destacaron que la ratificación “representa un acto de responsabilidad institucional y un reconocimiento al valor estratégico de la educación pública”. La universidad remarcó además que el texto aprobado “no afecta las cuentas fiscales, porque establece fuentes específicas de financiamiento”.
El rector de la UNR, Franco Bartolacci, afirmó que la ley “implica una respuesta concreta a los reclamos que venimos planteando desde hace meses” y que “sienta las bases para discutir un presupuesto 2026 con parámetros distintos a los que propuso el Ejecutivo”.
En la misma línea, Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral, explicó que la norma tiene impacto retroactivo a valores de 2023, abarcando salarios, gastos de funcionamiento, becas, ciencia y tecnología, extensión y hospitales universitarios. “El Ejecutivo recibe más del 60% de la recaudación nacional sin obligación de destino. Esta ley le dice que una parte debe ir a las universidades”, subrayó.
Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) consideraron que la votación “saldó una deuda” y defendieron que “la educación pública, la salud y la investigación científica son valores innegociables que la sociedad argentina siempre elige preservar”.
Voces sindicales y advertencias al Gobierno
El secretario adjunto de FATUN, Jorge Anró, calificó la decisión como “un hito histórico” y pidió al Ejecutivo “cumplir con la ley y garantizar su aplicación efectiva”. En tanto, Norberto Heyaca, titular de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN, advirtió que “el presidente Milei debe respetar las instituciones democráticas” y reclamó que “no se suspenda su implementación, como ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad”.
Los gremios universitarios destacaron que, con esta norma, el Gobierno deberá reabrir las paritarias en un plazo no mayor a tres meses, algo que estaba paralizado desde octubre pasado.
Qué puede pasar ahora
Tras el rechazo legislativo al veto, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgar la ley. Sin embargo, en antecedentes recientes —como la Ley de Emergencia en Discapacidad— el Gobierno demoró su publicación y aplicabilidad, lo que genera expectativa sobre el curso que tomará el texto.
Para las universidades, la insistencia del Congreso no solo significa la recuperación de recursos esenciales, sino también una señal política en defensa del sistema público.
“La educación, la ciencia y la universidad argentina son pilares de desarrollo nacional y merecen previsibilidad presupuestaria. Esta ley no es un privilegio, es una garantía para el futuro”, señalaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
