La Universidad Nacional de Luján volvió a declararse en emergencia presupuestaria. La decisión fue adoptada por el Consejo Superior durante una sesión extraordinaria celebrada el miércoles pasado, en la que se resolvió por unanimidad conformar una comisión especial destinada a evaluar y proponer acciones institucionales para visibilizar la crítica situación financiera que atraviesa la casa de estudios.
El pronunciamiento señala de forma directa al gobierno nacional y sus políticas de ajuste y desfinanciamiento como responsables del cuadro actual. A la falta de sanción de un presupuesto nacional para los ejercicios 2024 y 2025, se suma la aplicación de partidas prorrogadas que no contemplan la inflación ni el crecimiento de la actividad académica y científica. En este marco, el Consejo indicó que “el Sistema Universitario Nacional y la UNLu en particular se ha declarado en emergencia presupuestaria”.
Presupuesto de emergencia y prioridades recortadas
Frente a este escenario, la Universidad aprobó un presupuesto de emergencia que establece como prioridades excluyentes el pago de salarios y becas estudiantiles, mientras estima el resto de los recursos únicamente en función de las transferencias efectivamente recibidas desde Nación. Este esquema de administración ajustado ya impacta en múltiples áreas de la vida universitaria, afectando el funcionamiento de programas, actividades de extensión y proyectos científicos.
La situación fue calificada como crítica por todas las representaciones del Consejo, que definieron avanzar con una estrategia de comunicación institucional para mostrar el deterioro presupuestario y su efecto sobre la calidad educativa y la vida académica. La comisión creada estará integrada por representantes de todos los claustros y espacios políticos que conforman el órgano colegiado, y tendrá el mandato de elevar propuestas concretas en cada sesión ordinaria.
Una universidad que resiste
Desde el año pasado, la UNLu ya había declarado la emergencia salarial de su plantel docente y nodocente, en consonancia con lo que ocurre en otras casas de estudios del país. Además, fue parte activa de las acciones que impulsó el sistema universitario para defender el financiamiento de la educación superior: movilizaciones, clases públicas, jornadas de extensión, actividades culturales y científicas.
Entre esas acciones se destacan la “Noche de las Universidades” y la “Semana de la Ciencia”, iniciativas que buscaron tender puentes con la comunidad y poner en evidencia el rol fundamental que cumplen las universidades nacionales en la producción de conocimiento, en el acceso a derechos y en el desarrollo territorial.
La nueva declaración de emergencia presupuestaria refuerza ese posicionamiento. El Consejo Superior anticipó que intensificará la política de comunicación institucional “procurando utilizar múltiples canales para difundir el valor de las actividades que desarrollan las universidades nacionales”, e impulsará un espacio de coordinación interna para definir las acciones futuras.
Mientras tanto, la Universidad Nacional de Luján se mantiene en pie, enfrentando un panorama incierto con herramientas limitadas. Y, como otras instituciones del sistema público, reclama políticas que garanticen previsibilidad, financiamiento genuino y condiciones dignas para sostener su proyecto académico y social.
