A un año de la masiva Marcha Federal Universitaria que sacudió la agenda política, un grupo de diputados de la oposición presentó en el Congreso un nuevo proyecto de ley para actualizar automáticamente el financiamiento de las universidades nacionales y recomponer los salarios de docentes y no docentes. Sin embargo, el desafío no sólo será lograr su aprobación en ambas cámaras, sino también sostener la iniciativa frente a un eventual veto del presidente Javier Milei.
El proyecto fue presentado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Danya Tavela (DIPRO), con el respaldo de otros bloques como Encuentro Federal y el acompañamiento de Unión por la Patria. Entre los principales puntos, la iniciativa propone que las partidas destinadas a universidades se actualicen tomando como base la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024, y que desde enero de 2025 se apliquen ajustes bimestrales combinando: inflación (50%), tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
Además, el texto prevé la convocatoria obligatoria a paritarias dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el objetivo de recomponer los salarios docentes en función de la inflación acumulada. También incorpora la actualización automática de programas de becas estudiantiles desde diciembre de 2023 y establece criterios más objetivos para la distribución de fondos, considerando cantidad de estudiantes, áreas estratégicas y egresos, entre otros factores.
Números en debate
La situación salarial docente fue uno de los motores de la iniciativa. Según detallaron impulsoras del proyecto a Letra P, un profesor universitario con dedicación exclusiva y antigüedad alcanza hoy un salario de apenas 1.700.000 pesos mensuales, en carreras críticas como Ingeniería, donde la falta de docentes se agudiza.
La Auditoría General de la Nación tendrá un rol reforzado en el control de la asignación de los recursos, con informes periódicos al Congreso, buscando contrarrestar las críticas oficiales sobre presuntas irregularidades en la gestión universitaria.
Un trámite con obstáculos
Más allá del consenso opositor inicial, el camino legislativo se presenta empinado. El proyecto requiere primero ser girado a comisión, pero el presidente de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, podría frenar su tratamiento. Esto obliga a que la oposición convoque a una sesión especial para iniciar el debate.
Aunque en Diputados los números serían favorables gracias al apoyo de Unión por la Patria y otros bloques dialoguistas, en el Senado el panorama es más incierto. Y aún si ambas cámaras logran sancionar la ley, existe el riesgo latente de un nuevo veto presidencial. Milei conserva suficiente apoyo legislativo para bloquear cualquier intento de insistencia en el Congreso.
En este marco, el debate sobre el financiamiento universitario se mezcla con la dinámica electoral de 2025. Para el oficialismo, mantener el control sobre el gasto es una prioridad; para la oposición, reinstalar el reclamo universitario puede ser una bandera sensible en plena campaña.
“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, remarcó Tavela.
Con el recuerdo fresco de la histórica movilización de 2024, el futuro del proyecto se juega en el tablero legislativo, donde los números, las estrategias y los tiempos serán determinantes.
