A un año de la masiva Marcha Federal Universitaria, la situación financiera de las universidades públicas argentinas continúa agravándose. Así lo expresó Oscar Alpa, nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en una entrevista donde advirtió sobre el impacto del ajuste presupuestario en la educación superior, la caída del poder adquisitivo del personal universitario, y la necesidad de una ley de financiamiento que garantice previsibilidad al sistema.
Alpa, ex secretario de Políticas Universitarias durante el gobierno de Alberto Fernández, afirmó que la crisis del sistema universitario argentino “se ha profundizado” en 2025, con salarios docentes y no docentes que perdieron cerca del 80% de su poder adquisitivo frente a la inflación, y gastos de funcionamiento congelados o recortados en términos reales. “Estamos recibiendo 33% menos en términos nominales que el año pasado”, ejemplificó el rector, y detalló que su universidad pasó de percibir $300 millones mensuales a solo $200 millones.
El deterioro también alcanza a las becas estudiantiles. Según Alpa, la Beca Progresar redujo a la mitad su cantidad de beneficiarios, mientras que la Beca Manuel Belgrano mantiene la cobertura pero con montos muy por debajo de lo necesario. “Es difícil que $80.000 sirvan como ayuda real a un estudiante, cuando un sueldo base ronda los $280.000”, planteó.
En cuanto a la infraestructura universitaria, denunció la paralización de obras públicas incluso con financiamiento internacional ya asegurado, como los créditos gestionados con la CAF. A esto se suma, según indicó, la desarticulación de organismos clave como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, que en 2024 no transfirió fondos de investigación.
Ante este panorama, desde el CIN trabajan en una nueva propuesta legislativa para garantizar un piso mínimo de financiamiento. Alpa sostuvo que la idea es vincular los recursos destinados a universidades con un porcentaje fijo de la recaudación tributaria, que permita planificar a mediano y largo plazo. “Abrir una carrera implica una proyección de al menos cinco años. Sin reglas claras, no se puede sostener el sistema”, explicó.
Si bien valoró el respaldo social que obtuvieron las universidades en 2024, advirtió que los efectos del ajuste son profundos y duraderos. “Aunque el ajuste fuera transitorio, el daño ya está hecho. Se nos están yendo científicos y muchos docentes abandonan por salarios bajos. El 75% tiene dedicación simple y cobra cerca de $200.000”, alertó.
El presidente del CIN también criticó la falta de autonomía en el actual esquema del Ministerio de Capital Humano, donde todas las decisiones dependen de Economía. “El diálogo con el Gobierno existe, pero está vaciado de poder real”, afirmó. Según detalló, ni siquiera se convocan paritarias, ya que los fondos se definen sin discusión.
La entrevista también aparece en un contexto particular, donde el nombre de Alpa comenzó a circular nuevamente en sondeos y consultas políticas dentro de la provincia. Su inclusión entre los encuestados para las legislativas de octubre —tanto en llamados telefónicos como en encuestas digitales— despertó especulaciones sobre un posible salto al escenario político nacional. En ese marco, su reciente regreso a la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no pasó desapercibido: algunos lo interpretan como un movimiento que podría fortalecer su proyección más allá del ámbito académico.
En el plano académico, confirmó que continúan las conversaciones con universidades públicas y privadas para avanzar en la implementación de créditos académicos como forma de modernizar y armonizar los planes de estudio.
Finalmente, Alpa advirtió que el sistema universitario argentino, históricamente eficiente y reconocido internacionalmente, atraviesa una etapa crítica. “Si no defendemos las universidades hoy, mañana no vamos a tener los profesionales que el país necesita. Esto no es un gasto, es una inversión en el futuro”, concluyó.
