El panorama de emergencia económica que atraviesan las Universidades Nacionales crece con el pasar de los días, y al parecer, el peligro de que paralicen todas sus actividades y funciones sobre mitad de este año podría ser una realidad. La falta de fondos permitirá afrontar el pago de salario de no más que dos meses y medio, sumado a otros rubros que permiten abrir las instituciones universitarias.
Esto lo marca un análisis del presupuesto para la Educación Superior, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas, por los economistas Javier Curcio, Director del Departamento de Economía, y Julián Leone, subsecretario del Area de Investigación de esa facultad, entre otros especialistas.
La forma de financiamiento de la educación superior publica de argentina es en casi un 90% con los fondos del presupuesto que aprueba anualmente el congreso nacional. Tras haberse prorrogado el ejercicio 2023, nominalmente el conjunto de las casi 60 universidades estatales cuentan con el mismo crédito que el año pasado, pero un la diferencia de un contexto inflacionario del 276 por ciento, lo que agrava las necesidades de estas.
Para funcionar en 2023, el presupuesto de las universidades arrancó en 1.385.289 millones de pesos. Cuando no se discutió y aprobó el presupuesto para 2024, comenzó la alarma y advertencia de todo el ámbito universitario por cómo iban a funcionar en los primeros meses del nuevo año. Fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien días atrás advirtió la caída en las transferencias a las universidades en el último mes de febrero comparado con el año anterior.
En la Universidad de Buenos Aires, aseguran que el dinero con el que cuentan para el pago de salarios docentes e investigadores durante el primer bimestre del año equivalen a casi la mitad de los recursos disponibles para todo el año. Julian Leone, del area de investigaciones de la FCE de UBA indicó que “Se transfirió y pagó el 42% del inciso 1 (correspondiente al gasto salarial) presupuestado para el año en el programa de Desarrollo de la Educación Superior que solventa los salarios de los docentes e investigadores. O sea que en sólo dos meses devengaste casi la mitad del presupuesto salarial”.
Los hospitales universitarios de la UBA que prestan servicios a una importante población del área metropolitana (el Hospital de Clínicas, el Roffo y el Alfredo Lanari) son los que se llevan la peor parte. Durante enero y febrero de 2024 recibieron la misma asistencia financiera nominal que en los dos primeros meses del año anterior, redundando en una caída del 60% real en lo que va del 2024.
“Este es el cuarto ejercicio de prórroga desde 1992: las hubo en 2010, 2020, 2022. Siempre que hay prorroga del Presupuesto se arranca con el mismo crédito inicial pero el Ejecutivo adecua las partidas a las necesidades, eso es lo que no se está haciendo”, señala Javier Curcio. “Este nivel de ajuste a esta velocidad no tiene antecedentes. Estamos a favor de considerar los desequilibrios fiscales e implementar las adecuaciones necesarias, pero ese ajuste tiene que tener racionalidad. Si esto sigue así las universidades no podrán desarrollar sus funciones en la segunda mitad del año”, completó.
Esta emergencia económica financiera es equivalente en las casi 60 universidades públicas, que en los dos primeros meses del 2024, ya usaron casi la mitad de los recursos correspondientes a salarios, aún con paritarias muy por debajo de la línea de inflación.
Tras el paro nacional del pasado jueves 14 de marzo, hubo un anuncio de refuerzo presupuestario del 70% para gastos de funcionamiento. De 5.926 millones de pesos mensuales a partir de marzo se incrementan en 4.148 millones, llegando a más de 10.000 millones por mes, según datos de la Secretaria de Educación, pero lo cierto es que los gastos de funcionamiento representan solo el 5% del total del financiamiento.
“Con la partida inicial de prórroga se cubrían 4 meses de funcionamiento en el mejor de los casos, el aumento del 70% permitirá funcionar 2 meses más, digamos para completar el primer semestre. Luego tendrán que disponer nuevas ampliaciones”, indicaron y agregaron: “Es imperante exigir un tratamiento parlamentario del presupuesto 2024 que permita dar previsibilidad y administrar el ajuste necesario con racionalidad”.
