El 27 de diciembre de 2023 mediante el Decreto 88/2023 del Poder Ejecutivo Nacional publicado en el Boletín Oficial, se prorrogó el Presupuesto 2023, que entró en vigencia este 1° de enero. La medida implica que durante el 2024 las partidas presupuestarias serán las mismas que para el año anterior para todas las dependencias e instituciones financiadas por el estado nacional.
Durante el año pasado, las Universidades públicas funcionaron con un presupuesto, aprobado en enero del 2023 en el Congreso, de 770 mil millones de pesos, el cual fue modificándose con el correr de los meses para hacer frente a la inflación. En septiembre, en un plenario del CIN, se formuló y presentó lo que serían las pretensiones y objetivos presupuestarios de las casas de altos estudios con un incremento de 2,5 billones de pesos, alrededor del 300 por ciento, para funcionar durante 2024. Esto, todavía está en el aire, tras no ser tratada ni aprobada la ley de presupuesto 2024.
Desde que comenzó el 2024, reina la preocupación en las casas de altos estudios superiores por lo que respecta al presupuesto, el cual, según las cuentas que rectores y rectoras hacen, de no actualizarse, solo permitiría sostener el funcionamiento hasta marzo o abril, si la inflación baja o se mantiene y no hay mayor devaluación.
Reunidos este miércoles 21 de febrero en el Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las autoridades universitarias se pronunciaron sobre cómo impactan las políticas aplicadas por el gobierno nacional en el sistema universitario público y sostiene que “todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública”.
El comunicado comienza aclarando que ante esta delicada situación que atraviesa la Argentina, las rectoras y rectores, “hemos compartido nuestras preocupaciones responsablemente, hemos gestionado ante las autoridades competentes las acciones que entendemos necesarias y, producto del esfuerzo colectivo de nuestras comunidades, hemos garantizado, en condiciones muy difíciles, la continuidad de las actividades en cumplimiento de nuestra misión”. A pesar de saludar el esfuerzo realizado hasta el momento, advierten que “con la gravedad que la situación impone, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”.
En este pronunciamiento, las autoridades del CIN señalan cuatro puntos prioritarios que son necesarios atender. El primero, y principal de la lista, es “incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades”. Ya lo advirtió también la UBA esta semana, en una resolución de su Consejo Superior, sus serias dificultades para comenzar el año con el presupuesto vigente
El comunicado del ente que agrupa a las universidades públicas también exigen “actualizar los salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas, y garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”.
“En estos 40 años de democracia las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, destacada formación profesional de excelencia, producción de conocimiento comprometido con los grandes problemas nacionales, construcción democrática y respeto por los derechos humanos”, reza el documento.
Declaran también que “En Argentina, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico. En las escuelas, los hospitales, las fábricas, los comercios, el campo, los escenarios, el mar, el espacio y en cada casa, las y los profesionales, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de los 47.000.000 de argentinas y argentinos”.
“Sostener el valor estratégico que la educación universitaria pública tiene, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”, concluye con gran preocupación el comunicado del CIN
